La conectividad aérea con Canarias y Baleares, en peligro por el impago del Gobierno de las subvenciones a residentes adelantadas por las aerolíneas

• La deuda del Estado responde a unos presupuestos del Estado infradotados mientras que la conectividad aérea aumenta con Canarias y Baleares, casi un 18% y un 13% en 2024 respecto a 2019.
  
• La Asociación pide al Gobierno que abone cuanto antes la cantidad adeudada a las aerolíneas y se corrija esta situación en futuros presupuestos del Estado.

Las compañías aéreas que conectan Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con la península y que operan vuelos internos podrían verse obligadas a dejar de operar algunas de estas rutas, o a reducir frecuencias, ante la situación insostenible y de asfixia económica generada por el impago del Gobierno a enero de 2025 de 810 millones de euros a las aerolíneas que operan estas rutas por las cantidades adelantadas en concepto de las subvenciones a residentes del 75% en el precio de los billetes. ALA teme que esta deuda se eleve a 1.500 millones este año con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados si el Gobierno no toma medidas.

Para facilitar el acceso al transporte aéreo, los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla tienen reconocido una subvención de hasta el 75% en las tarifas de los servicios aéreos regulares que unen estos territorios con el resto de la península, así como en los desplazamientos interislas. Se trata de una subvención reconocida y dependiente del Ejecutivo que se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Las aerolíneas son meros intermediarios, se encargan de la ejecución del programa, actuando como entidades colaboradoras de la Administración de acuerdo a lo establecido en la normativa, aplicando el porcentaje de subvención legalmente establecido en el momento de la adquisición del billete subvencionado, y liquidando posteriormente ante la Administración, en este caso la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), la cantidad restante, una vez el pasajero ha realizado el viaje objeto de la correspondiente bonificación. La DGAC es la encargada por su parte de gestionar los créditos presupuestarios previstos para hacer frente a la subvención, y de abonar el importe de las subvenciones a las compañías aéreas.

En resumen, las aerolíneas aplican la subvención en el billete del residente que, posteriormente, debe liquidar el Gobierno a través de la DGAC, con cargo a un crédito ampliable de los Presupuestos Generales y, en caso de superarse el importe consignado, puedes ser objeto de ampliación por parte del Ministerio de Hacienda.  Sin embargo, el Ejecutivo ha venido retrasando dicha liquidación durante 2024, incrementándose el importe adeudado a las compañías aéreas que prestan estos servicios y que, a día de hoy, no se ha liquidado completamente por la Administración pese a los reiterados requerimientos por parte de ALA.  

“La asignación presupuestaria destinada a las subvenciones en el transporte aéreo a los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla está infradotada. La asignación en los Presupuestos Generales de 2023, prorrogada en 2024 y 2025, ha resultado del todo insuficiente para cubrir las subvenciones de hasta el 75% en las tarifas de los servicios aéreos y todo apunta que el problema que hemos sufrido las aerolíneas en 2024, soportando esta deuda multimillonaria del Gobierno, se repetirá este año 2025 con unos presupuestos prorrogados. El Ejecutivo debe poner solución cuanto antes a ese grave problema”, asevera Gándara.

El Gobierno asignó 560,81 millones en los PGE para 2023 en subvenciones al tráfico aéreo regular de residentes extra-peninsulares, una cuantía que se ha visto ampliamente superada por una demanda de estas ayudas por encima del previsto. A esta cuantía se han sumado otros 170 millones a través del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito, pero igualmente se ha quedado corto y todavía quedan pendiente por abonar una importante suma de cientos de millones para cubrir las cuantías adelantadas por las compañías aéreas en concepto de subvenciones.

Esta falta de compromiso presupuestario por parte del Gobierno contrasta con el esfuerzo de las compañías aéreas aumentando la conectividad aérea de estas regiones y, con ellos, su cohesión social y territorial. En concreto, la oferta de capacidad en las rutas entre Canarias y la península ha alcanzado los 61,81 millones de asientos en 2024, lo que supone un 9,6% respecto a 2023 y un 18% en comparación con 2019. En el caso de las conexiones entre Baleares y la península, en 2024 se ofertaron 55 millones de asientos, un 6% más que en 2023 y un 12,85% por encima de 2019.

Además, esta falta de financiación por parte del Ejecutivo está perjudicando también a las agencias de viajes pues está obstaculizando que cobren los importes por gasto de gestión de billetes subvencionados que abona el Estado a través de las aerolíneas.

“Esta situación está comprometiendo la sostenibilidad financiera de estas aerolíneas hasta el punto de que, si esto sigue así, podría hacer inviable la operación de algunas de estas rutas, afectando gravemente a la conectividad de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y, por tanto, a su desarrollo económico y generación de empleo, afirma el presidente de ALA, Javier Gándara.

El presidente de ALA reclama al Gobierno que abone cuanto antes la cuantía adeudada a las compañías que operan estas rutas que conectan Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con la península y que corrija esta situación a futuro con partidas presupuestarias suficientemente dotadas y más realistas con las necesidades de demanda para evitar “errores de cálculo” como el registrado en las cuentas públicas de 2023, con una partida para estas subvenciones menor a la de los dos años precedentes, en concreto 652 millones de euros en 2021 y 641 millones en 2022.

Las aerolíneas prevén que este año 2025 tendrán que soportar retrasos de pago pues todo apunta que se prorrogarán los Presupuestos de 2023, es decir, se contará con una partida de 560,8 millones para cubrir las subvenciones a residentes este ejercicio, cuyo gasto se estima que alcance los 1.200 millones de euros, a lo que habría que sumar los 810 millones de euros pendientes de 2024, lo que vaticina más retrasos e impagos por parte del Estado a las aerolíneas si no se da una solución alternativa.